TRANSCRIPCION

La ley de la ley hecho, escrito, aprobado, desplegado como ley antes de que los satélites empezaran a funcionar. El marco jurídico que norma las actividades de la televisión mexicana ha envejecido. No corresponde con los desarrollos tecnológicos ni con las transformaciones materiales y socioculturales ocurridas en las dos últimas décadas. ¿Qué aspectos de dicho marco jurídico deben ser revisados y actualizados? Yo creo que el marco jurídico debe renovarse. Creo que del año en que fue hecha esta ley, que ya hace muchísimos, no me acuerdo cuántos, pero creo que 30, ni siquiera se consideran posibilidades tecnológicas que hoy están ya presentes, como es la televisión por cable, la televisión satelital y muchas formas nuevas. Así que me parece que definitivamente la ley debe de ser renovada para tomar en consideración estos dos aspectos tecnológicos. Esa reforma del Estado no será tal si no incluye a los medios de comunicación. El marco legal que rige las actividades de la televisión mexicana es vasto y heterogéneo. Incluye artículos constitucionales, decretos presidenciales, reglamentos y tratados internacionales. Según numerosos observadores, el entorno jurídico de la televisión mexicana es obsoleto. Es decir, se ha quedado rezagado en relación con los cambios tecnológicos y socioeconómicos de las últimas décadas. Una reglamentación que, como dije, tiene sus principios en el siglo XIX, donde no existía ni siquiera la radio. Mucho menos se avizoraba el panorama audiovisual de fin de siglo. Hay que modificarlo, sí. Y hay que analizar muy claramente por qué y qué queremos reglamentar. Según el artículo 27 constitucional, le corresponde a la nación el dominio directo del espacio aéreo, es decir, el espacio en el cual se difunden las ondas electromagnéticas que hacen posibles las transmisiones de radio y televisión. La Ley Federal de Radio y Televisión dispone que el uso de dicho espacio sólo puede hacerse mediante concesión o permiso otorgado por el Poder Ejecutivo Federal. Después de lanzar una convocatoria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes resuelve a su libre juicio quién o quiénes pueden instalar estaciones de radio y televisión. ¿Qué limitaciones presenta el actual régimen de concesiones? Yo creo que lo que hay que cuestionar es la manera en que se otorgan las concesiones y quién las otorga, porque se otorgan de manera discrecional totalmente. Es decir, nosotros como público, como ciudadanos, como gente especializada, nadie sabemos cuál es el criterio, más allá del mejor postor. El perfil de los concesionarios ha sido históricamente un perfil proclive, digámoslo así, al interés gubernamental. Y esto ha ido en detrimento del ejercicio de la crítica, del ejercicio de la pluralidad. Hoy aparecen variables distintas. Como decíamos, los actores políticos son diferentes y el mercado empieza a contar. Y además, otro ingrediente muy importante, que es el cambio generacional. Hoy los concesionarios que eran, bueno, ya están con sus hijos, sus nietos, o con sus sobrinos, o la familia que trasciende, pero con una perspectiva tal vez menos directa hacia el interés gubernamental. Y por otro lado, está el veto continuo a otorgar concesiones fuera de estos grupos, ya muy establecidos y muy poderosos de los medios. Entonces, no hay concesiones para otro tipo de actores sociales. Cuando hoy nos planteamos el asunto de las concesiones, como tú dices, tendría que haber un marco legal lo suficientemente amplio, lo suficientemente transparente y nítido, como para que se ampliara la posibilidad de diferentes ciudadanos o grupos de incursionar en los medios masivos de comunicación. ¿Qué pasa con la concesión? ¿Por qué tengo que defender a capa y espada la concesión de mi patrón si yo trabajo dentro de una compañía de esta naturaleza de radio, de televisión? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué no puedo enfrentarme directamente a las torpezas que comete el gobierno, sea del signo que fuere? Pues porque el gobierno finalmente es el dador de la concesión. Yo diría que el mecanismo básico de la autocensura, de la gente que trabaja en los medios, es la concesión. Es el hecho que pesa sobre ti como trabajador de los medios, el asunto de que donde tú trabajas fue una concesión, un regalo, una dádiva que debes cuidar, como se cuida un objeto, la gallina de los huevos de oro. Tu responsabilidad, que debería ser con la gente, termina siendo con el gobierno. Lo cual me parece verdaderamente un despropósito. El 30 de noviembre de 1993, cinco meses después de privatizada televisión azteca, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes concedió a Televisa 62 nuevas frecuencias, lo cual implicó desechar otras solicitudes. Gracias a estas concesiones, la más grande empresa televisiva de habla hispana añadió a su vasta red el equivalente a una nueva cadena nacional. La decisión fue criticada en los ámbitos empresarial, político y académico y actualizó la necesidad de revisar el actual régimen de concesiones. El régimen de concesiones tiene que estar mucho más de acuerdo con una sociedad en donde los individuos cuentan cada vez más y van a contar cada vez más al margen de los partidos. Entonces, un régimen de concesiones que no sea de 30 años, que sea de mucho menos y que la sociedad diga, y no solamente con el rating, de otras maneras diga si está de acuerdo con lo que está viendo en pantalla o si está en franco desacuerdo. La propuesta que ha hecho la sociedad civil desde hace ya varios años es que las concesiones no sean otorgadas de manera unilateral y privilegiada por el Ejecutivo Federal, sino que se pase, digamos, de ser una medida que puede tomar el Ejecutivo a ser una medida que deba de ratificar la Cámara de Diputados y que deba de ser consensada entre los partidos y además que haya un consejo que vigile que esas concesiones sean otorgadas de manera más equitativa en la sociedad y atendiendo a distintos objetivos, porque hoy solamente se atiende al objetivo, por un lado técnico, quién es quien puede económicamente mantener vigente una concesión y por otro lado a las cuestiones de lucro, es decir, se otorgan concesiones a aquellos que quieren lucrar con ellas. Yo no comparto el punto de vista de algunos académicos que creen que si se modifica una ley se modifica la realidad. Hemos visto demasiado frecuentemente que diversos gobiernos de estados, teniendo la posibilidad de hacer televisión, no la saben hacer. Y hemos visto también que grupos privados que tienen concesiones, tampoco saben realmente hacer uso de la concesión, y ellos mismos buscan atiliarse a las grandes emisoras nacionales. Entonces lo que tenemos que cambiar es realmente la actitud y realmente enseñarnos a hacer televisión. Yo creo que sí es urgente hacer una revisión de todo este régimen de concesiones y de la acción de los medios de comunicación, de la ética de conjunto del país. pero ojalá me gustaría que se hiciera dentro del marco de una reforma del Estado. Esa reforma del Estado no será tal si no incluye a los medios de comunicación. Ojalá que en esta reforma del Estado se hiciese dentro de esta visión de conjunto una revisión del papel de los medios para que los medios no tengamos el pretexto de no decir muchas cosas porque estamos bajo la amenaza de que nos quiten la concesión. A juicio de numerosos intelectuales, académicos y periodistas, urge una gran discusión nacional sobre el papel y la responsabilidad de los medios de comunicación. El asunto se debatió hace más de 20 años, y en 1977 el derecho a la información fue elevado a rango constitucional. ¿Por qué, sin embargo, nunca fue reglamentado? Porque en una reunión en la presidencia de la República, El presidente López Portillo convocó a las 14 personas que teníamos que ver con el manejo de la televisión en el país para preguntarnos qué opinábamos sobre la reglamentación del derecho a la información. Todos ellos, casi todos ellos opinaron en contra. Y Emilio Azcárraga incluso amenazó al presidente en ese momento, literalmente fue una amenaza, de que si se reglamentaba el derecho a la información, que televise los empresarios de la televisión privada, se irían a lo que el señor Azcárraga llamó en ese momento la desobediencia civil. El presidente con una gran dignidad en ese momento se puso de pie, Se interrumpió la comida y se acabó también con la comida, la discusión y toda posible reglamentación del derecho a la información. El derecho a la información fue retomado en diciembre de 1994 por una comisión de la Cámara de Diputados y en 1998 fue uno de los asuntos discutidos durante un encuentro internacional convocado por los mismos legisladores. ¿Cómo afrontar este delicado y espinoso tema que interesa por igual a empresarios de la comunicación, gobierno y ciudadanos? El derecho a la información debe establecer qué es lo que la sociedad debe recibir de los medios, y cuándo, y de qué calidad. Y debe también establecer cuándo la sociedad y por qué caminos, por qué vías, por qué recursos, a través de qué instituciones puede comunicarse con ella misma. Es decir, se trata de un derecho de orden social. Hoy más que nunca estamos obligados a establecerlo en definitiva en el país. Yo veo como necesario que la sociedad nos pongamos de acuerdo qué pedirle a los medios. Y que creando, esa fue una propuesta que hicimos hace dos años, creando un consejo tripartita en la que participe gobierno, medios y sociedad civil, se puedan ir generando reglas del juego lo suficientemente amplias, porque se trata precisamente de abrir el espectro de la población que puede ser escuchada, no de restringirlo. Estamos viviendo momentos decisivos, creo yo, para este país, para el futuro de México, en el que precisamente tenemos que ver que somos muchas voces, con muchos proyectos, y que tenemos que caber todos en ese futuro. Porque los medios de comunicación, espero no contradecirme, yo no creo que jueguen un papel definitorio, porque estaríamos despreciando o menospreciando la inteligencia y la capacidad de discernimiento, la sensibilidad de la gente. Es decir, no manipulan, como se dice tan fácilmente. No creo yo en estos liderazgos de opinión a ultranza. No, no es cierto. El pueblo como masa no existe. Hay gente que tiene criterio y hay una inmensa cantidad de gente que no tiene criterio. Y piensa que tú sí sabes y que tú sí enseñas criterio. Cuando hablamos así, estamos haciendo demagogia pura. Por supuesto que esto trae aplauso, pero es renunciar al papel educativo, al papel pedagógico de los medios. Me dirán, nosotros no educamos, solo divertimos. Su situación actual, fin siglo XX, principio del XXI, ya no es divertimiento solamente. Es educación porque se desplazaron todos los grandes debates nacionales hacia los medios masivos. Yo creo profundamente en el libre albedrío y habrá quien le guste un programa con ciertas características y habrá quien prefiera el escándalo y la estridencia. ¿Y quién es? ¿Quién tiene la razón? Finalmente cada quien optará en un canal o en otro. Y pienso yo que si hoy lo que tú dices es algo que ya está hartando a la gente, si hoy la gente está harta de la estridencia y quiere más reflexión, se regulará por el propio mercado, se regulará por una propia demanda. Y no es que sea defensora del libre mercado a doutranza, pero sí creo que hay inercias muy particulares que son determinadas por el aparatito, por la decisión de un público que opta por una cosa u otra. Los empresarios de la comunicación han creído y ya han alardeado y ya han proclamado que esta falta de reglamentación, esta falta de responsabilidad jurídica es la libertad de expresión, cuando justamente funciona como la posibilidad de abatir el derecho de la sociedad de expresarse. Sin embargo, no puede vivir ninguna sociedad civilizada en ninguna parte del mundo sin que se definan con claridad las obligaciones y los derechos de los medios y de los comunicadores o periodistas que trabajamos en ellos. Forma parte de la claridad con la que deben dirimirse todos los asuntos públicos. Es necesaria también porque la sociedad requiere saber cuáles son sus posibilidades de expresarse. La televisión es un asunto de interés público. La televisión es un asunto de interés nacional y yo me atrevería a decir de seguridad nacional. Es un asunto vital por muchos motivos. Es mucho más allá del entretenimiento y de la información simple. Y por lo tanto tiene que ser un asunto para el Congreso, para los partidos políticos, para la sociedad en su conjunto, por la trascendencia que implica. Está inscrito en el artículo 6º de la Constitución con una frase, escueta, lapidaria, dice al final del artículo 6º, el Estado garantizará el derecho a la información. Y ahí se quedó. Es un derecho constitucional, como muchos otros, vacío, hueco, sin sentido, porque no ha sido reglamentado. Los derechos constitucionales no pueden ejercerlos ni los ciudadanos ni las entidades que son objeto de los derechos si no están reglamentados. Yo creo que es muy importante, muy importante que haya un código de ética que las propias televisoras se planteen. No creo que daba a ser un ordenamiento proveniente del gobierno. Creo que lo hemos visto en otros momentos, es siempre riesgoso, sucedió mucho en el cine, por ejemplo. Es decir, este código de censura riguroso, muy rígido, que inhibió el desarrollo de muchas muy importantes proposiciones cinematográficas durante muchos años. Pero creo que sí es importante que las propias televisoras se den un código de ética. La sociedad no solamente no ha sido pasiva, sino ahora tenemos una sociedad mucho más exigente, mucho más organizada, tenemos una gran cantidad de sociedades civiles, de ONGs, una mayor participación que incluso ha rebasado a los propios partidos, y como decía yo al gobierno y a los medios, entonces la sociedad tiene todo el derecho a exigirnos. Ya no podemos tener una televisión para que nos vean o una radio para que nos oigan. Debemos tener una televisión también para observar a los demás y debemos tener una radio para escuchar a los demás, para tener realmente este fenómeno de comunicación en su sentido más integral, más completo. Se han defendido los derechos, se han auspiciado las libertades en muchos ámbitos y en el ámbito importantísimo de la comunicación se ha dejado postergado esta polémica. Yo siento que los intereses, los grandes intereses de los monopolios o cuasi monopolios que existen en México en los medios masivos de comunicación son los más interesados en que esto no se lleve adelante, porque evidentemente es llevar a una zona crítica el papel privilegiado que han tenido y que ya no puede ser sostenido. Los medios electrónicos de un tiempo a esta parte se han estado convirtiendo en los grandes jueces de las actividades públicas y algunas veces de las actividades privadas de la gente pública. y no tienen ningún tipo de reglamentación para hacerlo. Es decir, juzgan a todos los poderes, pero es el único poder que no tiene una reglamentación interna. O se habla de códigos de ética, pero no se aplican. Los cambios y las crisis sufridas por el país durante los años 90 resuenan en las pantallas electrónicas. Sin embargo, sigue inalterado un marco jurídico obsoleto en muchos aspectos y no ha podido construirse un vínculo recíprocamente enriquecedor entre los derechos de los usuarios y los compromisos y obligaciones de las empresas televisivas. Falta un largo trecho para llegar a tener la televisión que exige México, un país pluricultural, multiregional y en proceso de transformación democrática. ¿Cuál es el porvenir deseable de la televisión privada de nuestro país? Lo que sí hace falta en México es una televisión mexicana. creativa, no una televisión que copie los malos modelos de la televisión en un 90% americana. No ha cambiado nada la televisión. Se abrió la televisión, se vendió la televisión estatal a un consorcio privado, pero no ha cambiado los contenidos de la televisión. En 46 años de televisión seguimos recibiendo lo mismo, porque las estructuras, los moldes no se pueden romper dentro de esas estructuras. Televisa sigue estructuralmente determinada a producir el mismo tipo de material y Televisión Azteca de alguna manera iba por ese camino. La inserción nuestra es algo que violenta este proceso y lo transforma, y que ojalá pudiera multiplicarse. Yo creo que el elemento calidad no se ha trabajado suficientemente en esta transición competitiva. Por un lado, una cadena ha aportado innovaciones que le han valido el favor del público. Por otro, la gran cadena, el gran monopolio tradicional en México, lo que aportó es reciclamiento de sus viejos hábitos. Pero entre esos extremos nosotros tenemos al espectador a quien cualquier persona, como cualquier persona, quiero decir, está sintonizando el televisor y lo que necesita es que las opciones sean mejores. Es decir, en el sentido que haya mayor calidad. Si bien, por ejemplo, no debe haber organismos de censura y no debe haber actos de censura, pero sí puede y debe haber organismos de evaluación de lo que ya estuvo en el aire es restringir la libertad de expresión de los medios el pedirles de parte de la sociedad que no afecten a su propia niñez nacional yo creo que no tiene que haber un proceso de mediación de intermediación entre la sociedad civil y el medio de comunicación y el gobierno como garante de un acuerdo, más que de una norma específica. Y la moral es un asunto que va cambiando con el tiempo. La ética menos, pero la moral sí, porque la moral tiene que ver con las costumbres. Y lo que a nosotros nos podría parecer tremendo amante natural, como que las mujeres aparezcan sin velo en pantalla, a los árabes pueden no parecerles. Ahora que empieza a tener vida política propia la provincia, y que entonces empieza a saber que si el gobernador, que si el que está compitiéndole, que si ahora ya es el del PAN y ahora ya es el PRD y ahora ya es el PRI. Entonces empieza a ser interesante que surjan las televisoras estatales, que surjan las televisoras de esas ciudades. Y yo creo que va a haber un... está habiendo un pequeño boom del asunto. Entonces a la gente de Hermosillo a lo mejor ya no le interesa tanto lo que se dice en el centro, porque a lo mejor en la Ciudad de México ahora se empieza a hablar de la Ciudad de México, que esa es la otra. La Ciudad de México no tiene una televisora de la Ciudad de México. Así como hay una Comisión de Derechos Humanos en un orden donde se presume que se pueden violar los derechos humanos, así también una Comisión de Derecho a la Información surge en un lugar donde la información no está siendo transmitida de manera veraz, donde hay sospechas fundadas de que, digamoslo así, no se transmite la información como debiera. Yo creo que esta Comisión de Derecho a la Información debería ir acompañada además de una posibilidad de fiscalización de la información, es decir, de poder sancionar a quienes no brindan información, de poder sancionar a quienes no cumplen con derechos de réplica, es decir, que tuviera un papel también hasta cierto punto de legisladora de cómo se da la comunicación. O sea, no hay nadie que defienda al ciudadano común hoy en día de su derecho a ser informado. El problema está en cómo formular socialmente y no sectorialmente esta cuestión de la televisión. Eso sí es un problema, cómo formularlo y cómo incorporar lo que los distintos sectores sociales requieren de la televisión. Ya no es solo la televisión, es el espacio audiovisual, esta dimensión simbólica de la vida social que cruza a través de lo que antes se llamaba televisión y que hay que empezar a ver cómo le vamos a llamar, porque es mucho más que lo que era simplemente televisión, reconocible como tal hace 30 años. Se requiere entonces una televisión inteligente que sea capaz de conjugar las posibilidades de la empresa con las necesidades del país. Cuando hablo de inteligencia no me refiero solamente a eso, sino sobre todo al respeto que debe merecernos a los periodistas y a los comunicadores. Pero desde luego a los empresarios de la comunicación, la inteligencia de la gente.